La Crisis de las Finanzas Públicas Colombianas en el 2021

La crisis de las finanzas públicas causada por el Covid19 no ha tenido precedentes en la historia económica colombiana. No es casualidad que el gobierno, incluso en una de las peores crisis sociales de las últimas décadas haya tenido que volver a presentar una reforma tributaria ante el congreso con un margen político casi nulo.

La deuda del gobierno central, que en 2020 se proyectaba en un 49,9% según cálculos oficiales, ya era la más alta en la historia del país incluso en momentos donde el país retomaba una senda importante de crecimiento. En esa situación llega la crisis del Covid19, enviando el déficit consolidado del sector público no financiero a un 2,4% que se registró en 2019, a un 7,8% que se registró en 2020. La tasa del déficit se multiplicó por tres.

A esa situación hay que añadirle que, tanto en 2020 como en 2021 entraban vigentes descuentos tributarios a la renta empresarial que reducían todavía más el recaudo y ponían en aprietos todavía más grandes a las cuentas de las finanzas públicas.

La crisis del COVID19 en las finanzas públicas es doble. Primero, los ingresos cayeron casi un punto del PIB (0.9% PIB) debido a la menor actividad económica de las empresas. Segundo, el gasto. La inversión en gasto social, en gasto en salud y en la compra de las vacunas, entre otros, le costó a la Nación un 23,8% del PIB, superior al 18,7% de 2019. Ese número, además de los gastos mencionados, incluye el aumento en la tasa de interés a la que el país se tuvo que endeudar y a la devaluación del peso colombiano.

Este revolcón llega en un momento donde el Comité Consultivo de la Regla fiscal perdía credibilidad y reputación debido a una contabilidad no tradicional, veía sus herramientas para las crisis limitadas por la poca flexibilidad y encontraba poco eco en la opinión pública. Esto significó un riesgo grande para el país con la reputación ante sus acreedores y con los mercados internacionales, afortunadamente se manejó de forma moderadamente responsable. Esta situación, además, se intentó corregir con una reforma incluida en el articulado de la primera reforma tributaria y, una vez más, se está intentando en segundo debate en la segunda reforma tributaria de este año.

El crecimiento del gasto público atado a responsabilidades constitucionales, la dificultad para pasar una reforma y las mayores presiones sociales tanto por justicia sobre quién paga y sobre la cantidad de recursos para financiar las esas demandas ponen la situación en rojo para la década que viene.

En el corto plazo, el panorama es más alentador. La reforma que cursa en el congreso soluciona dos terceras partes del problema fiscal y pronto llegará un nuevo gobierno que, como es frecuente, muy seguramente solucionará la parte faltante con una reforma tributaria en su primer año y, en el mejor de los casos, logrará satisfacer sus necesidades de financiamiento para los siguientes 4 años.

El margen de maniobra para solucionar el problema de fondo es mínimo. Por un lado, el gobierno estuvo cerca de caer cuando mostró sus cartas que señalaban que quería cortar el problema de raíz. Por el otro, casi todos los sectores políticos con alguna opción de ganar la presidencia dilapidaron la reforma tributaria del gobierno Duque, lo cuál quemó la mayoría de las cartas que se puede jugar un gobierno para ajustar las finanzas públicas.

El impuesto a la renta empresarial no tiene más espacio para subir, el impuesto a los dividendos y ganancias ocasionales tiene muy poco potencial de recaudo y los ahorros en el gasto tampoco van a solucionar la crisis. La ampliación del IVA, la ampliación de la base renta personas y los aumentos de ese impuesto a la clase media alta sí son fuentes de financiación que solucionan el problema, pero fueron dilapidadas casi por unanimidad por la coyuntura política de abril de este año.

La economía política está difícil. Eso, como muchas cosas en Colombia, nos lleva a pronosticar un poco más de lo mismo de siempre. Un equilibro ineficiente, un inmovilismo donde todo sale mal pero por lo menos el mal conocido. Unas finanzas públicas desajustadas, un riesgo grande (aunque no muy grande) ante choques externos y un sistema tributario injusto, ineficiente y obsoleto. En palabras simples, en un mal conocido que es mejor que un bueno por conocer.

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