Respuesta a esta discusión con Pablo Sanabria

Esta es de las pocas veces en las que creo que Pablo y yo estamos más de acuerdo que en desacuerdo.

Para recapitular la discusión, el fin de semana pasado escribí esta columna en El Espectador. Allí, entre otras cosas, ofrecí evidencia empírica que mostraba que la privatización del servicio de agua salvaba miles de vidas. A ese argumento en particular, Pablo Sanabria, profesor de la Escuela de Gobierno de la Universidad de los Andes, propone no un sistema privado sino un mecanismo mixto para:

i. la provisión de agua y

ii. Protección de las fuentes.

Estoy de acuerdo con el espíritu, aunque creo que son problemas diferentes. Hoy en día la provisión tiene ya varias figuras en Colombia. (1) La más radical (y la que proponen algunos políticos de izquierda) es la gestión directa que ya ha fracasado en la historia de Colombia y América Latina. También se puede, corriendo con el riesgo de clientelismo; la provisión por parte de (2) una empresa de propiedad pública. No son pocas las empresas con este modelo en Colombia y tampoco escasean los familiares de políticos en sus nóminas.

Se le puede agregar participación privada a la mezcla teniendo (3) una sociedad mixta, esta es útil siempre y cuanto se protejan accionistas minoritarios y sirva para tener un mejor gobierno corporativo. Los resultados que dejan las participaciones mixtas en las empresas de servicios públicos, si bien no eliminan la posibilidad de clientelismo, reducen significativamente la discrecionalidad del político a través de una junta directiva independiente.

La empresa también podría no ser municipal sino (4) regional, como Empocaldas en mi departamento. Esto pasa cuando varios municipios se unen para tener una empresa mejor conjunta. En principio estas pueden y deben competir en igualdad de condiciones con otras empresas públicas o privadas. Es más, si lo hacen, uno podría ver no solo a empresas regionales mejorando su servicio para unir a más municipios a su red y aprovechar economías de escala, sino también a más (5) empresas municipales, como lo hace EPM, atendiendo otros municipios dada la inmensa solidez institucional que tienen (aunque hoy un político la esté socavando). Todos estos son pasos en la dirección correcta que no involucran la privatización y tienen un alto potencial de mejorar la prestación del servicio en la actualidad.

Por último, en la modalidad final, está la entrada de (6) los privados por concesión que ha tenido éxitos, problemas y fracasos. Los problemas y los fracasos, insisto, no se solucionan estatizando todo el sistema sino mejorando la institucionalidad alrededor de los monopolios naturales, externalidades y bienes públicos para asegurarse que el interés privado nos lleve al bien común. Esto incluye la mejora regulatoria, la promoción de la competencia y las licitaciones hechas con rigor, al igual que las multas por mal servicio. Las fallas de mercado son un mecanismo útil para entender el papel del Estado, la repetición constante de «derechos» no lo es.

Si por «mixto» Pablo se refiere a un avance en la dirección con la que avanzo el escrito, estoy de acuerdo. El problema es que con el argumento de «mixto», con una especie de falacia de punto medio, se puede terminar estatizando empresas apelando a retóricas abstractas (y en eso son expertos los políticos) retrocediendo en la solución de los problemas.

Ese es el punto uno de la pregunta inicial, vamos al dos. ¿Debería la protección en la fuente hacer parte de las labores de la sociedad que cumple los servicios de alcantarillado? No sé, creo que no. Hoy en día los servicios recolección de residuos tanto líquidos en alcantarillado como sólidos en basuras los provee la misma empresa porque hay ganancias en eficiencia y bienestar para los consumidores y los contribuyentes. Su fusión es beneficiosa porque, podríamos decir coloquialmente, el conjunto es mayor que la suma de sus partes. No veo que se cumplan las mismas premisas en la protección de las fuentes.

Ahí son las entidades técnicas las que están en mejor posición de prestar ese servicio. El ANLA, las corporaciones regionales y, por supuesto, la Fiscalía o Contraloría cuando sea de su competencia. Las instituciones anteriores tienen problemas estructurales, pero creo que no hay atajo, toca mejorarlas.