El derecho al agua y a llevar la contraria.

El sábado pasado escribí sobre “el derecho al agua” y argumenté que la narrativa económica alrededor de los “derechos” no es útil en el debate público y en la regulación sectorial de servicios públicos. Recibí, como es usual, numerosas críticas, pero esta vez de personas ilustradas y conocedoras del tema, por lo que vale la pena responder en algo más de detalle.

El abogado Julián López, con maestría en regulación en LSE y estudioso en temas de regulación del agua hizo varios apuntes, terminando con la conclusión que no cree que la columna sea “de la mejor calidad”. Puede tener razón, para muchos, la columna seguro es mala, pero sus argumentos no refutan la tesis central de la columna y tampoco refutan alguna de las premisas. Esas críticas son, si acaso, la exposición de otra opinión con la que no estoy de acuerdo, veamos por qué.

  1. JL dice que me equivoco al tratar el “derecho” como equivalente a gratuidad cuando la ONU y la Corte (no especifica cuál) hacen obligatorio que el derecho sea compatible con la asequibilidad financiera.

Tiene razón en que existen entidades que han sido más responsables que otras delimitando los límites de los derechos, pero mi crítica no es a ellas. Es a la opinión generalizada, tanto de políticos de izquierda como de derecha, en Colombia, en Latinoamérica y hasta en EEUU, que el derecho al agua implica gratuidad. Es más, la gratuidad no es tan grave. Lo más grave en la discusión no es que la gente quiera que sea gratis, sino que muchas veces se sustituye la discusión práctica por una discusión de virtudes (virtue signaling politics).

Podría Julián (como lo hizo Roberto Angulo) decir que ese es un error básico, “de Twitter”. Que quienes diseñan políticas (como Roberto y Julián) no caen en ese error. ¡No lo dudo! Pero no es a ellos la crítica sino a la conversación generalizada en redes, medios y, como si fuera poco, el Congreso de la República. No estoy simplificando una opinión contraria, como dice Julián, estoy criticando una opinión contraria ya simplificada por políticos oportunistas y opinadores light, mucho más famosos y escuchados de lo que uno quisiera. Podría uno dedicarse toda la vida a escribir en formato paper solo para pares, pero ese es un error que han cometido los académicos y los técnicos en quedarse en la discusión hermética (ese cómodo aislamiento que tanto ha criticado Alejandro Gaviria) y evadir el debate con la opinión pública. No pienso replicar ese error, los argumentos generalizados toca criticarlos.

  • JL sugiere que no “reviso los ODS”, que no incluí datos sobre la liberalización del sector en Colombia y que no resalto los aspectos positivos de lo que sucedió en Wall Street.

Este segundo trino de Julián es una buena sugerencia para ampliar la discusión, pero olvida que el formato de una columna de difusión nacional no es infinito. Pude, por supuesto, escribir una columna sobre los ODS y como la industria, el Estado y los ciudadanos se pueden coordinarse con ellos. También pude escribir una columna solo con los detalles de lo que pasó en Wall Street, e incluso pude escribir una maratón de columnas con cada uno de los temas que existen alrededor del agua, pero claramente ese no es el objetivo. ¿Mala la columna por no hablar de lo que Julián quiere que hable?

En la columna hice referencia a un estudio de evaluación de impacto de primer nivel para el caso de Argentina, con investigadores prestigiosos y de la metodología más rigurosa. Julián sugiere que no incluí datos para Colombia. Agrego que tampoco incluí datos para Chile, Perú, Brasil y el resto de países del mundo, pero la idea era hacer un ejemplo ilustrativo, no una revisión de literatura. Por cierto, en el caso colombiano la liberalización del sector ha sido exitosa. Si acaso, lo que Julián dice que omito refuerza mi argumento, no lo debilita.

  • JL dice que en Colombia el sector está liberalizado hace tres décadas, pero los grandes prestadores siguen siendo oficiales.

I.

Esta crítica es música para mis oídos y creo que es la mejor de todas. La regulación en los servicios públicos tiene muchas teorías, muchas aristas, complicaciones y debates. ¿Cómo regular un monopolio natural? ¿cómo tener mejor gobierno corporativo y unas instituciones públicas y privadas más fuertes y transparentes? ¿cómo tener un regulador técnico e independiente? ¿cuáles son las ganancias en eficiencia y cómo se balancean con la equidad? ¿cómo ayudar a los más necesitados en este mercado? ¿qué tanto ayudar?

Responder estas preguntas específicas de la regulación nos puede iluminar y darnos una buena teoría de por qué los grandes prestadores siguen siendo oficiales. Una columna en El Espectador no es un buen espacio para entrar en ese nivel de detalle, pero dichosamente puedo ampliar cada una de las premisas si hay interés en continuar la discusión. Lo que sigue siendo cierto es que debatir y conocer las minucias no es per se garantía de que la imagen general sea la correcta, decir que omito los detalles de ninguna forma es una refutación a la imagen general. Que bueno sería que se criticara la idea central en vez de criticar que omití los detalles.

Las preguntas que mencioné nos acercan a cuestiones técnicas, claro, pero también a cuestiones morales que un técnico no puede decidir por sí solo, para eso tenemos el sistema democrático. El nivel de subsidios, quién paga por qué y con qué condiciones son preguntas que no están limitadas a los técnicos, así estos tengan preferencias políticas. La cuestión de derechos, como dije en la discusión con Roberto Angulo, hace parte de un contrato social en el que se puede (y debe) criticar en democracia; no es una cuestión de premisas técnicas irrefutables.

Un técnico puede juzgar mejor la labor de la CRA, si la metodología que usan para los precios usa las mejores prácticas internacionales y si los subsidios cruzados permiten que los pobres paguen menos del costo medio, pero más del costo marginal (como se suelen hacer en industrias con altos costos fijos). Un técnico puede calcular la magnitud de las externalidades marginales para cobrar un piguviano y también puede cuestionar el rol de la ANLA, MinSalud o SSPD en el proceso y hacer propuestas detalladas sobre cómo mejorar la institucionalidad. Sin embargo, ninguna de esas preguntas resuelve los dilemas morales que se suelen esconder en tecnicismos.

Los derechos, vale la pena resaltar, son al final de cuentas herramientas políticas, sobre qué sociedad tenemos y qué hacemos para tratar de llegar a ella. Es una lástima que se tomen como verdades absolutas y se trate de “simple” a quién se atreva a cuestionarlas.

II.

También podría uno argumentar perfectamente que la regulación no ha sido perfecta, que hay incertidumbre jurídica en estos mercados (parcialmente por la noción de derechos que permite a malos jueces hacer imposible la operación), que los reguladores no son del todo técnicos, ágiles e independientes y que el sector no ha tenido la inversión suficiente. En eso parece estar de acuerdo Julián, según leo en su siguiente trino, pero se equivoca al final cuando sugiere que yo dije que “el Estado es un fracaso en este tema”.

¿Por qué? Porque son ciertas dos cosas, más allá de cualquier opinión:

  1. Hay datos duros que muestran que la provisión estatal no ha sido la más eficiente (ver Galiani), muchas veces menos que el mercado, y
  2. Que la teoría la regulación económica cada vez más apunta a que el Estado sea, como lo pone Jean Tirole, más un árbitro que un jugador.

Sí vale la pena cuestionar el clientelismo estatal en estas empresas y vale la pena preguntarse cuál es el mejor papel del Estado para tener, como diría Tirole, una economía del bien común. Sobre esto me referiré en el próximo punto.

  • El último argumento de Julián es el más malo, sugiere que la columna es “purista” cuando lo que señala la columna en más de una oportunidad es que es un tema de matices.

Un purista, diría uno, es alguien que propone la liberalización completa del sector sin intervención alguna del Estado, eliminar de un tajo la protección social, cerrar los reguladores o estatizar toda la cadena. Mi propuesta, si acaso, se acerca más al mainstream de regulación sectorial que al liberalismo:

  1. Un Estado con un papel fuerte en el regulador técnico independiente (y no en el terraplanismo judicial).
  2. Un Estado con un papel protagónico en proteger a los más pobres y mejorar eficiencia económica de bienes públicos.
  3. Un Estado ágil para las licitaciones y la promoción de la competencia por el mercado en monopolios naturales y en la promoción de competencia en el mercado cuando hay algo de competencia.
  4. Una discusión racional sobre los límites de los derechos en papel para obtener buenos resultados en la regulación.

¿Cómo es eso “purismo”? ¿de derecha? ¿de izquierda? ¿de liberalismo? ¿de fe en las instituciones? Ni idea.

Seguro mi opinión es distinta a la de Julián y la de otros, pero vale la pena preguntarse en qué premisa diferimos y salir a la evidencia empírica a mirar quién tiene la razón. Lo que veo en esta crítica no es una tesis falseable alterna a la mía o un estudio que refute alguna de las premisas, solo un argumento que carece de relación con la columna y un desinterés, que lamento, para discutir el detalle en un espacio más extenso.

Aplaudo la crítica y la discusión abierta. En este mercado hay más de una pregunta para la que no tengo una posición definitiva y el debate puede dar luces sobre el mejor camino. Para eso, vale la pena reducirle un tanto a los adjetivos, profundizar sobre el desacuerdo y compartir evidencia si hay alguna premisa errada. Eso es mucho más útil que lo que se hizo, pero confío en que el próximo será mejor.

Gracias por leer.

@tinojaramillo

Nota: En la discusión también hubo críticas del profesor Pablo Sanabria. En este texto le respondí, de forma breve, mi opinión sobre su apreciación.

Un comentario en “El derecho al agua y a llevar la contraria.

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