#ECONOMÍAPARAMIPRIMA

(Tomado de El Espectador el dia 27 de noviembre de 2020)

Hay dos formas equivocadas de pensar acerca del sistema de salud. La primera considera que la salud es un derecho irrestricto, que el “Estado” debe pagar y proveer todo sin importar cuánto cueste. Un fetichismo jurídico casi delirante: ¡llamemos a la salud un “derecho” y nos olvidamos de las restricciones materiales que existen en el mundo real!

La segunda forma equivocada es el libertarianismo ingenuo. ¡Que se salve el que pueda, que los reguladores no tienen que vigilar las empresas de salud y que se les nieguen todos los servicios a quien no tenga cómo pagarlos! Ambas ideologías están equivocadas, con la diferencia de que mientras la segunda es criticada ferozmente por la academia y la opinión biempensante, la primera goza de cierta inmunidad en la opinión, pues los defensores supuestamente están a favor de “la igualdad”, “la salud” y “los menos favorecidos”.

Esta semana, el gobierno nacional dejó de exigir prueba de coronavirus para entrar al país ya que la posible transmisión internacional del virus es mínima a comparación de la ya amplia transmisión comunitaria. Esta política era respaldada por la OMSy por varios expertos.

¿Qué hizo un juez? Con un fallo terraplanista, ignoró la evidencia científica y reversó la medida con una tutela haciendo referencia al “derecho fundamental a la salud y la vida”.

Este es activismo judicial, uno de los problemas más grandes de nuestro sistema de salud, haciendo otra de las suyas. Los sistemas de todo el mundo tienen recursos limitados que nunca, ni en el país más próspero, alcanzan a cubrir su demanda. No hay escape, nos toca decidir qué servicios cubrir con el dinero de todos y qué servicios limitar. Estas preguntas son difíciles, pero esa dificultad no se evapora simplemente porque le llamamos “derecho” a estos servicios.

El problema es que eso es lo que han venido haciendo consistentemente los jueces, entre ellos algunos de la Corte Constitucional, en una cruzada de activismo judicial en el sistema de salud.

—¿El activismo qué? —me preguntó mi prima de 10 años.

—Judicial: cuando los jueces utilizan el “derecho a la salud” para obligar al contribuyente a pagar por un servicio sin importar su costo o lo que dice la evidencia.

—¿Y qué tiene eso de malo? —me cuestionó.

—Tiene de malo que es fácil para un juez hacer “justicia” con el dinero ajeno.

Es fácil coger los recursos que irían a un paciente que no se ve y necesita de una medicina para sobrevivir y dárselos a otro paciente que sí se ve porque puso una tutela para recibir una medicina sin evidencia científica, para hacerse un procedimiento estético o para recibir un tratamiento multimillonario en el exterior.

—¿Fácil? —insistió mi prima.

—Sí, prima. Los justicieros light podrán posar de buenos, pero para verdaderamente hacerle bien al mundo toca algo más difícil: la evidencia científica, revisar el criterio técnico y evaluar los costos y los beneficios para todas las personas, incluso aquellas que no tienen acceso a las tutelas.

—Pero, espera, ¿no se supone que todos tenemos acceso a la tutela?

—En teoría sí —le dije— pero, según cálculos de Alejandro Gaviria,la mayor parte de los recobros por tutela vienen de las personas más adineradas del país. Muchos privilegiados invocan un derecho abstracto y consiguen que los impuestos de todos financien un servicio en contra del criterio científico y democrático del sistema.

—Es decir, quienes apoyan la noción de “derecho irrestricto” a la salud ¿no están beneficiando ni a los más pobres, ni la igualdad? —me preguntó impactada

—No. Y tampoco están mejorando “la salud”; están desplazando el dinero de dónde más vidas puede salvar hacia procedimientos marginales.

El Estado ha hecho su parte en la financiación y el mercado ha hecho la suya con la competencia por el aseguramiento de los pacientes y la provisión de servicios. Estos mecanismos son mucho más útiles para mejorar la salud de los colombianos que el biempensantismo justiciero de algunos jueces. Su pretensión de conocimiento técnico no solamente ha salido mal en economía, también ha salido mal en salud.

Nota. Una tesis de grado reciente del economista Carlos Osorio (Eafit) muestra que hay una fuerte relación negativa entre el número de derechos en la Constitución de un país y la funcionalidad de sus instituciones. El fetichismo jurídico no parece haber sido una buena herramienta para la consolidación de las instituciones en América Latina… Por fortuna existen otras más.

@tinojaramillo

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