Al parecer, los líderes del paro se emborracharon de poder.

El Comité Nacional del Paro pudo capitalizar un descontento de la ciudadanía que va más allá de sus miembros y logró tener una cuota de poder y de atención en el país. Pero ayer, sus líderes expidieron un documento que contiene más de 100 propuestas al gobierno de Iván Duque y es difícil escoger cuál puede ser peor. Estatizar Ecopetrol, que Colombia se salga de la OCDE, que no pueda hacer reformas y modificar la forma en la que maneja su seguridad nacional. Como decía Daniel Mejía, «delirantes, por decir lo menos«

No solo pierden seriedad y legitimidad, sino que también echan por la borda cualquier posibilidad de una concertación real, de un cambio importante en el gobierno que sería imposible en otra situación. Su ambición chantajista y sindical le dinamita una oportunidad única al país.

Las propuestas rayan con lo absurdo. Uno podría coger una por una y refutarlas, pero creo que este nuevo pliego va más allá de cualquier discusión sensata. Sin embargo, veamos un par de cosas que piden:

Piden estatizar Ecopetrol de un tajo, pero para eso habría que sacar unos 27 billones de pesos que el gobierno no tiene y saltarse más de una norma de procedimiento. La otra posibilidad es que el gobierno expropie la gente (algo que es inconstitucional) y les pague un valor menor al del mercado por sus acciones. Es decir, que el gobierno les robe el ahorro. No se sabe cuál de las dos alternativas es más ridícula.

También piden eliminar la brecha salarial, como si eso fuera voluntad del presidente. Los cambios sociales: eliminar la pobreza, reducir la brecha salarial y tener mejores derechos de propiedad, son victorias que se conquistan una tras otra. El político no tiene capacidad infinita para solucionar todos los problemas: los decretos no son omnipotentes.

El político simplemente tiene las facultades para proponer políticas y tratar de acertar en las consecuencias. Ignorar eso es ignorar el gradualismo, siempre necesario en la política, y sustituirlo por el populismo.

Como decía Alejandro Gaviria: «Los reformadores deben evitar caer en “la pretensión del conocimiento”. En los sistemas abiertos y complejos, los efectos de los cambios legales son en buena medida impredecibles e imprevisibles. De allí la importancia del gradualismo y la experimentación permanente».

Por último, entre las peticiones de cambiar el modelo económico en salud, de sacar a Colombia de la OCDE y de retomar las negociaciones unilateralmente con el ELN, hay que preguntarse por la petición que pretende que no haya reforma pensional.

Es absurdo. Si la gente está molesta con la desigualdad (que, a propósito, viene cayendo hace años), lo primero que debería pedir es una reforma pensional. Nuestro sistema beneficia a los más ricos y deja sin pensión a casi el 80% de las personas, mientras que le da millonarios subsidios a los más ricos.

Eso se debería acabar, pero los líderes sindicales, con un trabajo formal y poco riesgo de ser despedidos, pertenecen al puñado de privilegiados que sí lograrán pensionarse y pretenden mantener sus subsidios y privilegios por encima del resto de personas que marchan porque quieren tener una pensión.

A este paso, no solo nos vamos a quedar sin las buenas propuestas que tenían las marchas y el momento histórico para pasar reformas importantes, sino que vamos a terminar negociando en La Habana a cambio de que estos líderes no acaben con el país. De paso, si vamos a sustituir el Congreso y el plan de gobierno del presidente, en su totalidad, ¿para qué hacemos elecciones?

La representación última de la democracia es el Congreso. La gran mayoría de las propuestas pueden ser tramitadas por esa vía y que sean los que ganaron en democracia quienes las discutan y las depuren.

Lo que sí espero, es que las voces sensatas estén por encima del ruido. Esas propuestas absurdas no representan a la gran mayoría de personas que participaron de la marcha y quieren ver un mejor país.

Hace un par de semanas critiqué una decepcionante falta de pensamiento en los jóvenes de hoy en día (no sin algo de autocrítica, por supuesto). Y me atreví a decir que los jóvenes en Colombia no estaban ofertando ideas. Sigo creyendo que es cierto y lo de ayer es evidencia de ello: su descontento está siendo capitalizado por una «élite solapada» que poco hace por los intereses de todos.

Por eso, hago 10 propuestas al gobierno de Iván Duque. No son exhaustivas ni son la panacea, pero prometo que son viables, convenientes y tienen el potencial de mejorar significativamente la vida de los informales, los pobres y la clase media.

Son propuestas basadas en la evidencia empírica, en los datos y en la experiencia internacional. Espero prime la cordura

1. Eliminar los subsidios por estrato

Esta propuesta, que pareciera ir en contra de las ayudas a los más pobres, busca todo lo contrario. Hace unos meses escribí una columna con mi propuesta , pero basicamente consiste en eliminar ese sistema que asigna subsidios de acuerdo al lugar donde la gente vive, y que empiecen a asignar de acuerdo a qué tan pobres son. Es decir: que los subsidios se focalizen mejor.

Como decía en mi columna: «Mientras que el 17% de la población en Colombia es pobre (DANE), el 81% recibe subsidios de hasta el 60% de la factura de energía (SUI). El subsidio lo reciben muchos que no lo necesitan».

También, si queremos luchar contra el cambio climático, es mejor darle la plata a la gente si la queremos ayudar, pero no incentivarlos desde el Estado a que consuman más energía y agua. Esta propuesta, que en su momento la intentó seguir el gobierno de Iván Duque, está sustentada con el mayor rigor académico con las investigaciones del profesor Juan Miguel Gallego, quien ganó el Premio Juan Luis Londoño con esta investigación.

2. Eliminar la obligatoriedad de la afiliación a las cajas de compensación: esta debe ser completamente voluntaria.

El 4% de los sueldos de todos los colombianos que tienen un empleo formal se van para un grupo de empresas oligopólico al que asiste solamente el 20% de las personas.

Es absurdo que estemos obligados a comprar un servicio porque el gobierno cree que es bueno o porque las cajas mismas creen que es bueno. Si su servicio es tan bueno, estas deberían competir como el resto y convencer a la gente de tener una afiliación y pagar por ella. Pero si alguien quiere usar el 4% de su sueldo no para eso sino para, por ejemplo, tener una pensión más alta, el Estado no debería prohibirlo.

Hay muy buena evidencia empírica que nos dice que reducir estas obligaciones atadas al salario reducen la informalidad.

3. Sustituir todos los subsidios a sectores específicos por subsidios a personas pobres según Sisbén.

En Colombia se gastan unos 80 billones de pesos al año en subsidios y la gran mayoría van a parar en manos de gente que no los necesita con la excusa de que son pobres. Los camioneros, los cafeteros, los indígenas, etc. Esta propuesta no pide que eliminen todos los subsidios, simplemente que se asignen de acuerdo a qué tan pobre es la persona (independientemente de si cultiva café o no).

Los subsidios deben ser herramientas para ayudar a que la gente no caiga en la pobreza, pero en Colombia, muchas veces, son la cuota para calmar a revoltosos.

4. Crear una política que Estado que obligue a todos los colegios a concesionarse si de la fecha a 3 años más adelante, no cumplen con unos indicadores mínimos.

Primero, hay buena evidencia empírica que muestra que los colegios en concesión en Bogotá han tenido excelentes resultados. A quienes no han leído mi «hilo» en Twitter, los invito a hacerlo.

Hay restricciones políticas que hacen de este un tema sensible, por eso la propuesta se enfoca en aquellos colegios que más mal están siendo manejados y, por lo tanto, aquellos donde hay menos resistencia y mayor posibilidad de tener buenos resultados.

5. Dar un plazo de 3 años a las universidades públicas para lograr mayor autonomía de los caciques políticos regionales, so pena de ser privatizadas y entregar un subsidio a la demanda.

Como lo mostró La Silla Vacía, la mayoría de las universidades públicas regionales tiene injerencia política. La plata que se destina a la educación muchas veces termina en campañas políticas, en escándalos de corrupción y en malos manejos.

Esto no son todas, por supuesto, y no tiene que ser así siempre. Pero una receta garantizada para el fracaso es la de entregar beneficios sin responsabilidades. Exigir resultados no es una propuesta revolucionaria sino un principio que debería estar siempre presente.

6. Reducir los requisitos de los colegios y permitir más libertad educativa para que los colegios de secundaria puedan innovar y diferenciarse.

El mundo cambia muy rápido y la educación que recibimos no nos está preparando para los retos del siglo XXI. Los colegios deberían tener más libertad y autonomía para diseñar sus planes de estudio y adaptarse a los cambios en el mundo. La regulación excesiva del Ministerio de Educación Nacional lo hace muy difícil, esto debería cambiar.

A juzgar por los resultados de los colegios públicos, el Estado no es el mejor manejando la educación. Debería darle más autonomía a los que sí saben.

7. Eliminar el 4×1000.

Hay pocos impuestos tan anti-técnicos y tan malos como el 4×1000. Una barrera a la inclusión financiera y al sistema financiero formal. Este impuesto debía ser temporal, urge eliminarlo inmediatamente.

8. Igualar la edad de pensión de hombres y mujeres y crear una fórmula para que suba automáticamente con la expectativa de vida.

Como muestran los estudios de Eduardo Lora y otros, las mujeres tienen peores resultados pensionales que los hombres debido a la diferencia en parámetros pensionales. Esta ley le hace más difícil el acceso a una pensión a las mujeres y, además, es un trato es desigual ante la ley.

Podría estudiarse la posibilidad de dar un bono de semanas a las mujeres que tienen hijos, pero además de eso hay poca justificación técnica.

II

Además, todo el mundo sabe que si cada vez vivimos más (que es cierto), los cálculos que hacemos para la pensión cambian: o tenemos que cotizar más, o tendremos una pensión más baja. El problema es que ningún presidente quiere pagar el costo político de subir la edad de pensión ante las nuevas realidades.

Por eso propongo que haya una fórmula que ajuste automáticamente la edad de pensión por expectativa de vida. Tendríamos una responsabilidad con las finanzas públicas, más sostenibilidad con el sistema y nos ahorramos tener que pagar un altísimo costo político cada X años poque un presidente acepta una realidad que todos conocemos.

9. Igualar las licencias de maternidad de hombres y mujeres para que el monto actual sea dividido por mitades.

Parte de la discriminación salarial entre género se debe a que los empleadores saben que cuesta más emplear una mujer por el riesgo de quedar embarazada y que haga uso de la licencia de maternidad. Esto no lo digo yo, lo dice la lógica económica y la evidencia empírica.

Las semanas que otorga la ley en este momento deberían dividirse por dos y ser repartidas entre hombres y mujeres. No sólo sería un cambio cultural, sino que también reducirían la presión a las empresas, aumentarían la equidad de género y reducirían la brecha salarial entre hombres y mujeres.

10. Eliminar el requisito de la tarjeta profesional para todas las profesiones sin claro riesgo social.

Como escribí en mi columna en El Espectador: «Las tarjetas profesionales de un médico, un abogado o de un ingeniero que construye un edificio pueden ser útiles: son profesiones de alto riesgo y es posible, en cierta medida, determinar cuándo hay negligencia. Pero para el resto de las profesiones, estas tarjetas no sirven para nada»

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Estas, creo, son propuestas sensatas y basadas en la evidencia. Ojalá tengan más acogida que el populismo barato y politiquero de los líderes del paro.

Iván Duque, los inconformes somos más que esa cuerda de chantajistas. No permita que los sindicatos y la oposición destructiva monopolicen el descontento. Colombia es más que ellos.

@tinojaramilo