(Publicado en El Espectador el 25 de mayo del 2019)

Mi prima y yo somos partidarios de trabajar por la inclusión financiera. Al revisar la evidencia, vimos que el aumento del acceso al crédito y al ahorro beneficia mucho a las personas, especialmente a las más pobres. Les aumenta los ingresos cuando financia sus negocios, les facilita la vida al hacer y recibir pagos y les permite ahorrar de forma segura.

Apoyamos la inclusión porque es una gran herramienta para la lucha contra la pobreza, y por eso nos preocupa tanto la propuesta del senador David Barguil, pues dificulta la inclusión. Él, con un profundo desconocimiento de cómo funcionan los bancos, pretende legislar en contra de toda evidencia.

Así le expliqué su propuesta a mi prima de diez años:

Cuando uno va a un banco a que le ayude a financiar la compra de una casa, el banco tiene la seguridad de que si uno no paga le puede embargar la casa y recuperar así su dinero. El activo de valor que se embarga cuando la persona no paga se llama “colateral”, este también puede ser un carro, una cuenta de ahorros o el sueldo de un familiar.

El problema es que los pobres, por la precisa razón de que no tienen activos económicos, no tienen ese respaldo y se les dificulta acceder a estos servicios formales. Allí, ante la necesidad de un crédito, recurren al “gota a gota” y ya sabemos sus tristes resultados:

–Primo, ¿o sea que el gota a gota no requiere colateral?

–Isabel, todos necesitan uno. El colateral del gota a gota no es un bien, es la “tranquilidad” del deudor: si la persona no paga, el prestamista la hostiga, la presiona o la amenaza con violencia hasta que pague. Le “embarga” la tranquilidad.

–Pero, primo, esa no puede ser la solución.

–Tienes razón, Isabel. Sin embargo, ante la necesidad de crédito, tenemos que buscar cómo ayudarles a los más pobres a acceder a servicios financieros sin que los bancos pierdan plata.

–¿Tienes alguna idea?

–Hoy en día lo hacemos, los ricos y pobres tenemos el “historial crediticio”, que sirve de colateral porque es una garantía, una garantía reputacional.

La persona que quiere pagarle la educación a su hijo puede no tener mucho que ofrecerle a un banco en caso de no pagar, pero si el banco sabe de una fuente confiable que esa persona siempre ha pagado sus deudas a tiempo, que lleva años construyendo un buen nombre y que ha podido pagar préstamos de cantidades similares, la situación es diferente.

Allí el banco sabe que tiene menos riesgo porque tiene más información, que no le está prestando la plata a cualquiera, que puede cobrarles menos a los buenos deudores y que la persona intentará cumplir porque pierde su reputación si incumple el pago.

Por eso es inconveniente la propuesta del senador Barguil de hacer un “borrón y cuenta nueva” del historial crediticio y obligar a las centrales de riesgo a eliminar información de las personas que no pagaron sus deudas, se atrasaron o fueron irresponsables. Esa propuesta, si bien tiene buenas intenciones, eliminaría la posibilidad de usar la reputación como colateral, aumentaría el riesgo (lo cual hace que los intereses sean más altos) y enviaría al gota a gota a todos los que no tienen respaldo (esto, por un problema que los economistas llaman información asimétrica).

Asobancaria estima que la propuesta afectaría a 28 millones de personas; y no serían banqueros o personas adineradas, quienes tienen fincas, carros y casas y siempre podrán usarlas de respaldo para tener crédito. Los afectados son los que tienen buena reputación pero no tienen propiedades y necesitan préstamos para agrandar su pequeño negocio, arreglar el techo de la casa o meter al hijo a estudiar.

Después de escuchar esto, mi prima propone archivar esa propuesta. Yo también.

@tinojaramillo