(Originalmente publicado en el periódico La Patria el Sábado, Octubre 27, 2018)

Sería una buena idea que antes de marchar por el derecho a la educación, todos lo ejerciéramos y estudiáramos para tener discusión racional sobre las realidades económicas del presupuesto de la educación. Me dejo convencer de argumentos que muestren números, pero las peticiones de más dinero porque “Duque está desfinanciando la educación” simplemente no son respaldadas por los datos.

Queda evidente que el presupuesto de educación es un problema menos grave que la confusión sobre la educación.

El Presidente Duque destinó “la bobadita” de 41,5 billones de pesos a la educación para el 2019, el presupuesto más grande de la nación, mucho mayor a los 34 billones de presupuesto de defensa que le sigue y el más grande en la historia de la nación (el año pasado también fue educación con 37 billones y el año anterior con 35). Este presupuesto es un 28% más grande que el presupuesto de salud, que no solo cubre los estudiantes, sino a todos los colombianos desde el nacimiento hasta la muerte. Duque decidió destinar el equivalente al 4,3% del PIB en educación, dato ahora líder en América Latina.

Es más, diría yo que los profesores que están en huelga de hambre aduciendo que la educación está desfinanciada se van a mandar al menos dos bandejas paisas de una sentada cuando se enteren de estos datos.

El gasto es generoso y los resultados son malos. En las pruebas Pisa de la OECD, Colombia ocupa los últimos puestos (56 en lectura, 59 en ciencias y 63 en matemáticas de 72 países). En educación superior, en el Ranking QS, solo tenemos once universidades entre las primeras mil del mundo, la primera es privada y solo cuatro son públicas.

Con un presupuesto de casi dos billones anuales, la Universidad Nacional es la pública más grande. Según datos de Mineducación, el salario del recién egresado de la Universidad de los Andes es 23% más alto que el de la Nacional. En Cali, un recién graduado de la Icesi gana un 37% más que el par de la Universidad del Valle. Algo está pasando.

Eso que está pasando, si es tema de discusión, no está en las exigencias de los estudiantes. La Silla Vacía se tomó la labor que los indignados voceros, que exigían a los colombianos a darles más plata, debieron haber hecho: averiguar quiénes manejaban y cómo manejaban la platica que ellos pedían para la educación superior.

Resulta que de las 27 universidades que analizaron, 22 tienen a un rector con vínculos politiqueros. Nuestros vecinos en la Universidad Tecnológica de Pereira tienen el hermano del expresidente César Gaviria como rector. No tiene doctorado, no tiene maestría y tampoco tiene mayor experiencia en nada que no esté relacionado con la política, cuyo éxito depende más de conexiones que de méritos.

Otros rectores de las universidades públicas que defienden los estudiantes, vaya sorpresa, están aliados con corruptos. Carlos Roble, de la U. La Guajira; Vicente Periñán, de la U. de Sucre; Jairo Oviedo, de la U. Córdoba; y David Mosquera de la U.T. Chocó. Estos rectores tienen vínculos con oscuros personajes como Kiko Gómez (condenado por homicidio), Juancho López y “el gordo” García (congresistas parapolíticos) y Nilton Córdoba (quién ya completó su quinta investigación en la Corte Suprema de Justicia).

Fácil señalar un villano de puertas para afuera si hay fallas en la educación, pero de puertas para adentro no todos son santos. ¿Cuándo será el día en que no solo pedimos más dinero a la educación pública sino también más eficiencia y resultados a sus rectores?

Nota: Alejandro Ceballos, rector de la U. de Caldas es independiente de presiones políticas, punto para la ciudad.